Si nos rigiéramos por el principio de “buena fe”, se presumirá que el progenitor solicitante de la atención informará al ausente, es su responsabilidad en el ejercicio de la patria potestad compartida. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, en este caso desaparece la presunción de “buena fe”. Las circunstancias familiares permiten acogerse al Real Decreto Ley 9/2018, que añade excepciones en las que existe la posibilidad de obtener consentimiento tanto para la evaluación como para la intervención por parte de un solo progenitor, aun a pesar de la edad (12 años) y de tratarse de un acto trascendente, como es este caso, por existir sentencia penal condenatoria por violencia doméstica. Se realizará, no obstante, una interconsulta a Trabajo social para recabar y archivar la documentación relevante relacionada (sentencia judicial, etc.)

Las circunstancias familiares permiten acogerse al Real Decreto Ley 9/2018, que añade excepciones en las que existe la posibilidad de obtener consentimiento tanto para la evaluación como para la intervención por parte de un solo progenitor, aun a pesar de la edad (12 años) y de tratarse de un acto trascendente, como es este caso, por existir sentencia penal condenatoria por violencia doméstica. Se realizará., no obstante, una interconsulta a Trabajo social para recabar y archivar la documentación relevante relacionada (sentencia judicial, etc.).

Las circunstancias familiares permiten acogerse al Real Decreto Ley 9/2018, que añade excepciones en las que existe la posibilidad de obtener consentimiento tanto para la evaluación como para la intervención por parte de un solo progenitor, aun a pesar de la edad (12 años) y de tratarse de un acto trascendente, como es este caso, por existir sentencia penal condenatoria por violencia doméstica. Se realizará., no obstante, una interconsulta a Trabajo social para recabar y archivar la documentación relevante relacionada (sentencia judicial, etc.).

El Real Decreto Ley 9/2018 recoge esta excepción en la que existe la posibilidad de obtener consentimiento tanto para la evaluación como para la intervención por parte de un solo progenitor, aun a pesar de la edad (12 años) y de tratarse de un acto trascendente. Los menores pueden ser sometidos a intervención sin consentimiento del progenitor ausente, basta con el de progenitor solicitante. Sin embargo, el Real Decreto señala que “debiendo el ausente ser informado previo a la intervención”.