El menor maduro y los últimos cambios legislativos

Los últimos cambios legislativos, acontecidos en el verano del 2015 restringen sustancialmente la capacidad de decisión de los menores entre 16 y 18 años²⁰.

Los cambios se han producido con celeridad: tres cambios legislativos durante los meses de julio a septiembre de 2015 y se han ido sucediendo de la siguiente manera:

1. Primero entra en vigor la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, sustituyendo al único referente previo que había hasta el momento y que databa de 1996.
2. A continuación se produce la Modificación de la Ley 41/2002. El artículo 9, que es el que nos atañe, señala que "el consentimiento lo prestará el representante del menor", considerando siempre la situación de “grave riesgo “y su “mejor interés”. Es decir, desaparece la figura del menor maduro. Se exceptúan la práctica de ensayos clínicos y las técnicas de reproducción asistida que se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.
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3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
1. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
2. Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia.
3. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.
5. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil.
6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.
7. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento.
3. Por último, se regula la situación de la interrupción voluntaria del embarazo mediante la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre que sustituye a la Ley orgánica 2/2010 para reforzar la protección de las menores de 16 y 17 años y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Siempre será preciso el consentimiento de sus representantes.

Con esta decisión nuestro país diverge de países de la Unión Europea que recomiendan apoyar la participación de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles.